La Voz del Pueblo

Colombia: Asociación de estudiantes de secundaria denuncia vulneración del derecho a la organización estudiantil

La A.N.D.E.S exige que el gobierno tome medidas para garantizar el respeto a los derechos y a la integridad de quien opta por la organización gremial y la movilización social, sin que esto sea causante de persecución, estigmatización y amenaza

3 de febrero de 2017

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La Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria (A.N.D.E.S) publicó una denuncia pública acerca de los eventos del día 26 de enero de 2017, cuando estudiantes de la Institución Educativa Santa María Goretti, en el departamento de Santander, Colombia, fueron objeto de persecución y vulneración del derecho a la protesta. En la ocasión, fue detenida la estudiante Nicoll Stephany Perez, una de las líderes de los recientes procesos de movilización en contra de la rectora del colegio.

Durante las últimas semanas, estudiantes de la Institución se han movilizado en contra de la situación que vive su colegio, con la retirada de espacios de formación en teatro, música, arte y deporte, la instalación de cámaras de seguridad y la puesta en marcha de la jornada única sin tener en cuenta la infraestructura física y educativa necesarias.

El 26 de enero, estudiantes convocaron una manifestación fuera del colegio en rechazo de la administración de la rectora Ana Isabel Pino. A la hora del almuerzo, se generó un forcejeo con el celador que les impedía la entrada al edificio por orden de Pino, hecho que propició la quiebra de un vidrio de la puerta del centro educativo.

Ante esta situación, sin pruebas y de forma arbitraria, la rectora señaló a la estudiante Pérez de ser la responsable del daño a la puerta, razón por la cual policías la detuvieron y condujeron hacia la fiscalía.

Sumado a la detención de Pérez, estudiantes que quedaron en el interior de la institución han sufrido intimidación de integrantes de la policía y amenazas de la rectora, que canceló las clases del día siguiente.

En este contexto, la A.N.D.E.S exige que el gobierno tome medidas para garantizar el respeto a los derechos y a la integridad de quien opta por la organización gremial y la movilización social, sin que esto sea causante de persecución, estigmatización y amenaza [lea aquí el documento completo].