Honduras: Organizaciones que defienden los derechos humanos denuncian represión y criminalización contra estudiantes universitarias/os

Se presentaron cargos y solicitud de órdenes de captura contra 50 estudiantes del centro
educativo, por suponerlos responsables del delito de “detención de espacio público”

7 de diciembre de 2016

Ante las recientes protestas en defensa del derecho humano a la educación y contra el abuso de autoridad que han tenido lugar en la Universidad Nacional de Agricultura (UNA) de Honduras, se presentaron cargos y solicitud de órdenes de captura contra 50 estudiantes del centro educativo, por suponerlos responsables del delito de “detención de espacio público”.

El Nuevo Heraldo

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Asimismo, en la madrugada del 19 de noviembre, guardias de una empresa privada de seguridad, afirmando seguir órdenes de la universidad, desalojaron con violencia a las y los estudiantes movilizadas/os, con golpes y toletazos, a tal grado que la policía preventiva intervino para salvaguardar la integridad de las y los manifestantes.

Producto de la protesta, 79 estudiantes fueron expulsas/os de la universidad y varias/os catedráticas/os han sido también víctimas de represalias y despidos por apoyar una candidatura diferente a la del señor Marlon Escoto para rector de la Universidad Agrícola de Cotacamas. Escoto actualmente es el rector además de Ministro de Educación del país.

“Al igual que en el marco de las protestas estudiantiles en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, nos alarma que el Ministerio Público demostró una vez más que, cuando se trata de perseguir los graves casos de corrupción y de violaciones a derechos humanos, sus fiscales invocan el principio de inocencia y observan rigurosamente el principio de estricta legalidad penal, pero cuando se trata de sancionar la protesta social interpretan y aplican las leyes sin considerar las obligaciones internacionales del Estado derivadas de los tratados de derechos humanos”, afirmó la Coalición contra la Impunidad, en carta dirigida al Director de Fiscales y al Fiscal General de la República [lea la carta aquí].

De acuerdo al comunicado, “la criminalización de la protesta social es incompatible con una sociedad democrática donde las personas tienen el derecho de manifestar su opinión y en donde la protesta y la movilización social son herramientas de petición a la autoridad pública y canales de denuncias públicas sobre abusos a los derechos humanos”.

También han denunciado la situación de criminalización y represión a la protesta en la UNA el Comité por la Libre Expresión, el Centro de Investigación y promoción de los derechos humanos, el Centro de Estudios de la Mujer en Honduras, la Red Nacional de Defensoras, el Centro de Derechos de Mujeres y la Red Comal/ Organización Fraternal Negra de Honduras.

El 20 de noviembre, estas organizaciones divulgaron un comunicado advirtiendo el agravamiento de la situación en la Universidad Nacional de Agricultura y el riesgo de que se criminalizaran las y los estudiantes movilizadas/os [lea aquí el comunicado completo].

La CLADE se solidariza con los y las estudiantes y las organizaciones defensoras de derechos humanos, instando por una resolución no violenta del conflicto.